María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.
Mientras eso ocurría ante los ojos horrorizados del país, el silencio gubernamental era demasiado pesado. Y pesó todavía más cuando empezaron a circular imágenes de un evento diplomático de gala que ocurría esa misma noche por el aniversario 246 del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. En las imágenes se veía al presidente Guillermo Lasso, al ministro de Defensa y al Gobernador del Guayas —la provincia en la que estaba ocurriendo la masacre—, entre otras autoridades. Las risas de los invitados, las mesas con cubertería servida y copas de vino, y la decoración elegante del lugar, contrastaban con la violencia desatada en esa misma provincia, los familiares de los detenidos en los exteriores de la penitenciaría, y los mensajes de auxilio.
Tendrían que pasar al menos 12 horas más antes de que el presidente se pronunciara a través de su cuenta de Twitter: “Hoy, a la 1:00 pm, tendremos un Comité de Seguridad en el ECU 911 de Samborondón, motivado por los últimos incidentes en las cárceles. Haremos un anuncio importante”.
El anuncio de que haría un anuncio parecía un mal chiste dirigido hacia un país asustado, dolido y desinformado, y una bofetada de indiferencia para decenas de familias que se agolpaban en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral desde la madrugada del sábado 12 de noviembre.
La sensación de que no había presidente se ahondó cuando, llegada la hora del anunciado anuncio, este no ocurrió y el espacio para la especulación se ahondó. Era la cuarta masacre dentro de una cárcel durante este año y la Fiscalía confirmaba que eran 68 personas asesinadas (el Gobierno diría unos días más tarde que fueron 62).
¿Cómo puede un mandatario mantenerse en silencio ante una tragedia de esas proporciones? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo?
El silencio presidencial duró dos días más. Fue apenas la noche del lunes 14 de noviembre, cerca de 72 horas después de que se conocieran los primeros hechos de violencia del fin de semana, que Lasso se pronunciaría en una cadena nacional para decir algo que podía haber dicho tres días antes. “Como ecuatorianos, nos solidarizamos con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas en los trágicos incidentes del viernes y sábado pasado”, empezó diciendo en un mensaje a la nación.
También dijo que él mismo asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden, que la seguridad ciudadana es prioridad, que la Policía y las Fuerzas Armadas permanecerán en la Penitenciaría del Litoral y que los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido y España ofrecieron su apoyo para “la lucha contra esta amenaza”.
El pronunciamiento llegaba tarde. Al menos sobre lo esencial: solidarizarse con las familias y, por lo menos, contar que está trabajando para gestionar el problema que, se sabe, no se resolverá en una semana pero que, se espera, esté siendo considerado una prioridad.
Las intervenciones que previamente habían tenido dos representantes del Ejecutivo: el gobernador del Guayas y el vocero de la presidencia, no reemplazaban la necesidad de ver y escuchar al presidente de la República. En los días que duró su silencio, creció el espacio para la duda sobre su capacidad para condolerse de cientos de familiares afectados por las muertes de sus seres queridos. Lo hizo ver como un hombre indolente y lejano al dolor de los presos, estigmatizados como residuos de una sociedad que le cuesta aceptar que ellos también son sujetos de derechos.
Que estaba trabajando, decían algunos; que no era necesario exponer su integridad en las cercanías de la cárcel, decían otros; que no se trata de tener protagonismo sino de encontrar soluciones, alegaban unos más. Sí, pero eso no significa que el país no necesite la voz, la imagen y la presencia de su gobernante. Sobre todo cuando ese país está ávido de mínimas garantías para las vidas de las personas que entran a una cárcel para rehabilitarse y, en muchos casos, han salido en bolsas para cadáveres.
Que lo urgente no aleje al presidente de lo importante. Que la profundidad de los problemas que atraviesa el país no le hagan perder la humanidad y no le quiten la posibilidad de recordar que tras las cifras, hay vidas; que tras las amenazas de más violencia, hay familias que esperan recuperar a sus seres queridos cuando purguen sus condenas y que también, en ese sistema indolente, hay personas en las cárceles que no tienen una condena, como Víctor Guayllas, defensor del agua, detenido por protestar en octubre de 2019, y quien perdió la vida en los últimos hechos de violencia.
Con ellos el presidente Lasso tiene una obligación, como la tiene con toda la ciudadanía: garantizar las condiciones mínimas para que nadie pierda la vida por la negligencia del Estado.
